El primer mes y medio del gobierno Milei-Villarruel define el tono de esta gestión, con los protagonismos de Caputo, Bullrich y Sturzenegger. La “casta” se redefine en los hechos: a los trabajadores, represión y licuación del salario. El Estado también precarizado.
Por Ernesto Palmeiro
Un mes del gobierno de Milei. En el medio, una eternidad: devaluación del más del 100%, un mega Decreto de Necesidad y Urgencia y una Ley Ómnibus que fue desguazada excepto el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo. La Libertad avanza y se lleva puesto a los mismos de siempre: lxs trabajadores. La retórica del sinceramiento de la economía como forma de legitimar la transferencia de recursos a sectores minoritarios pero poderosos. Todo sube, menos los salarios.
A 45 días de su gobierno, la sociedad le hizo el primer paro general. Sí, debería haberse hecho antes, mucho antes, desde que algunos funcionarios empezaban a no funcionar y el crecimiento se lo quedaban cuatro vivos. Quizás con ello ni estaríamos hablando de Javier Milei y del regreso de unos de los responsables del préstamo criminal con el Fondo Monetario Internacional (FMI): el genio de las finanzas, Luis “Toto” Caputo.
¿Faltaron paros con Alberto Fernández? Puede ser. Pero nadie, sea de izquierda, centro o derecha, puede negar las inumerables advertencias que recibió el ex mandatario y su gabinete de que había que corregir el rumbo. Algunos preferirán decir que los propios fuimos más duros con “nuestro” gobierno que los extraños. Aún con una distribución desigual de la riqueza en el marco de un reacuerdo (inflacionario) con el FMI, nunca se vieron trastocados derechos y garantías de la forma en que lo hizo y lo hace la actual gestión de la alianza PRO-Libertaria.
En el año 2021, se registró un récord en el número de protestas con 6.658 piquetes, de acuerdo a un informe de Diagnóstico Político al que accedió el diario La Nación: 1550 por parte de organizaciones sociales, 842 de trabajadores privados, 811 reclamos de fuerzas político partidarias y 784 por parte de trabajadores estatales. Todos los sectores pudieron ejercer el derecho a la protesta, incluso cuando regía el aislamiento social pese a la pandemia del COVID-19.
Es contrafáctico pensar qué hubiera pasado si en un contexto de emergencia sanitaria, el gobierno de Alberto Fernández desplegaba efectivos policiales ante los “banderazos” que organizaba la entonces oposición. Aquellas manifestaciones que se alzaban con la consigna de “defensa de la libertad” fueron encabezados por la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich. Esta misma desde el gobierno de Milei quiso prohibir la reunión de tres personas o más en la vía pública. El texto final de la Ley Ómnibus lo eleva a treinta. En el interín de estas modificaciones, la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que el protocolo antipiquete viola las normas internacionales y pidió que se revise.
Así, en estos 45 días la Justicia emitió una serie de medidas cautelares que suspenden, parcialmente, los efectos de la aplicación del DNU. Entre las presentaciones realizadas, destacan aquellas llevadas a cabo por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), siendo algunas de las primeras en lograr que se revoque el capítulo correspondiente a la reforma laboral. Recientemente, también suspendió el artículo que derogaba la restricción de vender tierras a extranjeros.
El ajuste feroz no sería posible sin una retórica que lo justifique. Expresiones como “No hay plata”, “Pagabamos muy poco”, “Vivíamos una mentira”, “Las fiestas hay que pagarlas”, son operadores discursivos que delinean un sentido común sobre el cual parece, a priori, necesario y urgente “el ajuste”. No importa qué es verdad y qué es mentira, el relato de “cien años de decadencia y fracasos” otorga a Javier Milei un aura mesiánica. Una narrativa “disruptiva” sobre el devenir político e histórico, donde el horizonte de vida se define por el imperativo del “progreso”.
Mediante negociaciones a contrarreloj con los opositores “dialoguistas”, el Gobierno busca sesionar el día miércoles, reduciendo los artículos de la Ley Ómnibus casi a la mitad. Borradores y más borradores. Eliminación del capítulo fiscal, cuyos puntos claves eran el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria y la vuelta del Impuesto a las Ganancias, quita de YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales), ARSAT, Nucleoeléctrica y Banco Nación del listado de 41 empresas a privatizar. Pero el Ejecutivo insiste con el otorgamiento de facultades extraordinarias. La esencia desreguladora sigue en pie.
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